Chile Vamos critica al Gobierno por contrataci髇 de monitores y plantea exigencias a Consejo de Observadores



 
Garantías de autonomía y pluralismo es la principal petición de parte de la comisión de Constitución de Chile Vamos para enfrentar los cabildos y diálogos ciudadanos que impulsa el Gobierno en el marco del proceso constituyente.

Este planteamiento, en todo caso, lo hicieron de manera formal el lunes pasado cuando expusieron sus 19 exigencias ante el Consejo Ciudadano de Observadores (CCO).

Sin embargo, ayer se conocieron más detalles en cuanto al rol que cumplirán los 216 monitores o facilitadores del proceso constituyente en los cabildos y asambleas. El concurso público para su selección -a través de la Alta Dirección Pública (ADP)- comenzará el próximo domingo.

En paralelo, se fijó un sueldo por sus cuatro meses de trabajo y, en ese sentido, serían contratados por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), cartera que cuenta con recursos en la ley de presupuesto 2016.

El tema ha generado rechazo en Chile Vamos. Algunos integrantes de la comisión de Constitución del bloque como Alberto Espina (RN), Edmundo Eluchans (UDI), Eduardo Salas (PRI) y Lorena Recabarren (Evópoli) insistieron ayer en que debe ser el Servicio Electoral (Servel) el organismo que contrate y supervise a los monitores.

La razón para atribuir al Servel dicha facultad es que el CCO no puede realizar contrataciones, por lo que se le adjunta a la Segpres. "El Servel da respetabilidad y es un organismo que tiene un estatuto jurídico. Tiene integrantes que representan distintas corrientes políticas, pero tenemos confianza en ese servicio. Sería lo más serio", afirmó Eluchans. Lo mismo relevó Recabarren: "El Servel da más garantías de autonomía y pluralismo que el Gobierno", dijo.

Salas, por su parte, expresó que si la contratación la realiza el Ejecutivo, dicho proceso sería "inválido". "Hacemos una advertencia y exigimos que estas consideraciones mínimas sean consideradas", agregó.

"Estándares mínimos"

El senador Espina complementó que al ser los facilitadores quienes guiarán los diálogos ciudadanos, es de "un mínimo grado de objetividad" el que no sean contratados por una de las partes interesadas en llevar adelante dicha reforma constitucional. Y continuó: "Si no se cumplen las exigencias que pedimos, nos parece que los estándares mínimos de legitimidad se pierden, y entonces el proceso estará viciado".

En caso de que el Servel tome la contratación, explican que el organismo puede hacer un contrato jurídico a través de un convenio en que se le otorguen atribuciones correspondientes.

Otras de las exigencias expuestas el lunes pasado es que el CCO "reconozca que el principal agente a controlar es el propio Gobierno", porque, se señala, es "el único actor que tiene capacidad humana, material y financiera para distorsionar el proceso de participación".

En paralelo, también piden que se consignen las posturas de minoría. "El texto de las bases ciudadanas debe dar cuenta de una agregación de todas las opiniones vertidas en el proceso de diálogo", se señala. En esa línea, solicitan un quórum mínimo de participación en cabildos.

"Hemos actuado con total lealtad, y lo que queremos es un proceso sin trampas, y esperamos que se cumpla el compromiso asumido por Patricio Zapata y por los integrantes del CCO de que este proceso va a ser absolutamente transparente", emplazó el senador Espina.